México.– Organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos elevaron el tono contra la política del Gobierno Federal sobre el fracking, al exigir que esta técnica sea prohibida de manera definitiva en todo el país y no únicamente en la Cuenca Tampico-Misantla.
Un total de 30 organizaciones ambientales y comunitarias cuestionaron las conclusiones del comité científico presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el análisis dejó fuera a las comunidades potencialmente afectadas y no demuestra que las nuevas tecnologías eliminen los riesgos ambientales y de salud.
Aunque el comité recomendó descartar el fracking en la Cuenca Tampico-Misantla, por considerarla social y ambientalmente inviable, los colectivos advirtieron que mantener estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, trasladaría los mismos riesgos a otras regiones del país.
Las organizaciones sostienen que la única garantía para proteger el agua, la salud y el medio ambiente es establecer una prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional.
Asimismo, criticaron la integración del comité de especialistas al señalar que no participaron representantes de comunidades indígenas, expertos en derechos humanos ni especialistas en salud pública, por lo que consideran que el debate quedó limitado únicamente al aspecto técnico.
Los colectivos también rechazaron la propuesta de utilizar agua salada, reciclar líquidos y emplear nuevos aditivos químicos para reducir los impactos del fracking, al asegurar que no existe evidencia científica suficiente que garantice la eliminación de riesgos como la contaminación de acuíferos, emisiones de metano, sismos inducidos y afectaciones a la salud.
Además, cuestionaron que el informe no explique cómo se manejarán las aguas residuales ni establezca mecanismos transparentes para informar sobre el destino y composición de los desechos generados durante la explotación.
Con base en estudios de CartoCrítica, las organizaciones alertaron que explotar apenas el 10 por ciento del potencial de gas no convencional requeriría más de 25 mil pozos y un enorme consumo de agua, mientras que más de seis millones de personas viven dentro de las zonas donde podrían desarrollarse estos proyectos o en sus áreas de influencia.
El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y Noreste Sin Fracking, quienes reiteraron que la discusión sobre esta técnica debe priorizar la protección del agua, la salud y los derechos de las comunidades.
