Acusan simulación de consulta que se hará en unos días
SAN LUIS POTOSÍ.— Un abierto rechazo al proyecto de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos fue lanzado por representantes indígenas de San Luis Potosí, quienes dirigieron una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Unión y a las comisiones legislativas de Asuntos Indígenas para exigir que se retire el documento y se detenga el actual proceso de consulta.
Las consejeras y consejeros nacionales indígenas que suscriben el documento, representantes de los pueblos Náhuatl y Tének del estado, sostienen que la propuesta presenta deficiencias técnicas, regresiones en materia de derechos y, además, cuestionan la forma en que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha desarrollado el proceso de consulta.
Uno de los principales puntos de confrontación se encuentra en las sedes establecidas para las reuniones. Los representantes aseguran que el Gobierno Federal determinó que Ciudad Valles y Tamazunchale fueran puntos de encuentro para la población indígena de la Huasteca, decisión que, afirman, dejaría fuera de una participación efectiva a comunidades de diversos municipios debido a las distancias y los costos de traslado.
De acuerdo con la carta, previamente se había planteado que Tancanhuitz sería una sede estratégica para la región Huasteca, por lo que consideran que el cambio incumple acuerdos alcanzados durante reuniones previas.
Los inconformes también cuestionan la utilización de las llamadas “Asambleas Regionales”, al considerar que esta figura no corresponde a sus sistemas normativos internos y que la máxima autoridad deliberativa debe ser la Asamblea General Comunitaria. Bajo este argumento, advierten que la asistencia de representantes a las reuniones no puede interpretarse automáticamente como consentimiento o aprobación de la propuesta legislativa.
Pero el reclamo va más allá de la metodología de consulta. Los representantes indígenas cuestionan el contenido mismo del proyecto y advierten que, desde su perspectiva, algunos de sus planteamientos podrían debilitar derechos relacionados con territorio, autonomía, justicia comunitaria, patrimonio cultural y acceso directo a recursos públicos.
Entre sus principales objeciones señalan que el documento, compuesto por 453 artículos y 11 transitorios, concentra una amplia cantidad de materias que consideran demasiado heterogéneas para una sola legislación. También cuestionan que el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público pueda quedar condicionado a procedimientos administrativos, padrones o dictámenes institucionales.
Otro de los temas que colocan en el centro de su rechazo es el concepto de territorio. Los firmantes sostienen que sustituirlo por conceptos como “lugares” o “derecho preferente” representaría una afectación a sus derechos colectivos y denuncian que con ello no se estaría atendiendo de fondo la relación entre los pueblos originarios, sus tierras y los recursos naturales.
En ese contexto, también expresaron su oposición a proyectos como el Acueducto Pánuco-Cerro Prieto y a la explotación de hidrocarburos mediante fracking, al considerar que pueden representar riesgos para el agua, el territorio y la biodiversidad de la región.
La carta también contiene acusaciones contra funcionarios e instituciones, pues los representantes aseguran haber sido objeto de exclusión y estigmatización debido a sus posturas frente a programas sociales y determinados proyectos gubernamentales. Asimismo, cuestionan el papel de la emisora pública XEANT, “La Voz de las Huastecas”, al señalar que estaría siendo utilizada para difundir una narrativa favorable al Gobierno Federal. Estos señalamientos forman parte de la postura expresada por los firmantes y no se acompañan en el documento de resoluciones oficiales que acrediten tales acusaciones.
Frente a este escenario, los representantes indígenas exigieron el retiro inmediato del documento de trabajo y que se declare inválido el actual proceso de consulta. También demandaron reconstruir el ejercicio participativo desde las comunidades, respetando sus asambleas generales, con metodologías culturalmente adecuadas, tiempos suficientes y sedes que permitan una participación efectiva.
Además, solicitaron una mesa de trabajo directa con la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el INPI para discutir una nueva ruta legislativa que, desde su perspectiva, permita garantizar la autonomía, el territorio, los derechos colectivos y el presupuesto directo para los pueblos indígenas.
La postura fue formalizada el 3 de septiembre de 2026 y suscrita por las consejeras y consejeros nacionales indígenas Angelina Reyes Hernández, Hermelinda Vázquez Bautista, Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, quienes se identifican como representantes de los pueblos Náhuatl y Tének de San Luis Potosí.
Con esta carta, la representación indígena potosina coloca presión sobre el proceso legislativo y exige a las autoridades federales una respuesta formal, al considerar que una consulta que no garantice participación efectiva y consentimiento informado no puede ser utilizada para legitimar una reforma que, aseguran, podría afectar directamente sus derechos colectivos.
