Juan Felipe Cisneros Sánchez
Observatorio Indígena Mesoamericano.
La postura de Adelfo Regino Montes (INPI) sobre la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo se limita a la lógica de la representación parlamentaria liberal. Su argumento, basado en el incremento numérico de legisladores indígenas (de 13 en 2018 a 39 en 2024), presenta estas cifras como una validación de la «autoadscripción calificada» y la gestión partidista. Si bien esta presencia tiene valor simbólico, resulta insuficiente —y potencialmente regresiva— ante la exigencia de un Estado verdaderamente plurinacional.
El núcleo de la crítica: La asimilación frente a la soberanía
La propuesta es institucionalista y gradualista. Mantiene la subordinación de la representación indígena al sistema de partidos, lo cual genera una tensión irresoluble entre la lealtad partidista y la agenda comunitaria. Al obligar a los representantes indígenas a operar bajo estructuras ajenas, se corre el riesgo de convertirlos en instrumentos de partidos nacionales en lugar de voceros de sus pueblos.
La crítica fundamental se articula en tres ejes:
- Subordinación al sistema de partidos: La participación indígena sigue siendo una concesión del sistema electoral ordinario. El modelo ignora que la verdadera representación debe nacer de la autonomía, no de la integración forzada en las agendas de los partidos.
- Omisión del sujeto de derecho público: Aunque la reforma constitucional de 2024 reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la actual propuesta electoral es incongruente: los reduce a «beneficiarios de acciones afirmativas» (individuos pertenecientes a un grupo) y no como naciones preexistentes con derecho a incidir a través de sus propias instituciones y sistemas normativos.
- La deuda del territorio: La declaración del INPI ignora el fracaso de la reforma de 2024 respecto a la protección territorial. La representación política sin el control del territorio —base material de la autonomía— es un ejercicio vacío. ¿Qué valor tiene la representación en San Lázaro si, en el territorio, el Estado y el capital siguen imponiendo proyectos extractivos sin consentimiento previo, libre e informado?
¿Representación o asimilación?
El INPI parece cómodo con la asimilación: integrar sujetos indígenas al Estado para «hacerlos parte», en lugar de reconocer la pluralidad jurídica del México profundo. Al subordinar el pluralismo jurídico al sistema electoral ordinario, el Estado corre el peligro de «folclorizar» la participación indígena, utilizándola para legitimar una estructura que no reconoce su soberanía originaria.
El ejercicio pleno de los derechos político-electorales exige que los pueblos, desde su propia lógica de organización interna, incidan en el Estado sin la imposición de «partidizarse». La deuda estructural persistirá mientras la representación indígena sea una cuota otorgada por el sistema, y no un ejercicio soberano de autodeterminación.
