Por: Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
El reciente posicionamiento del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, respecto al anuncio de la Presidencia de la República sobre la supuesta exclusión del fracking en la Huasteca potosina, deja al descubierto una incongruencia política y una omisión de sus deberes constitucionales.
Cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal se dijo «muy agradecido» y afirmó que el tema ya se había platicado en privado con la Presidencia. Sin embargo, surge la primera interrogante inevitable: ¿por qué nunca se transparentó dicha conversación con la ciudadanía y los pueblos y comunidades indígenas de la Huasteca? La gestión de los bienes naturales de la entidad no puede administrarse bajo acuerdos verbales ni diplomacias de pasillo.
Resulta preocupante la pasividad con la que el Gobernador asume el rol del Estado. Al declarar que el fracking «por ahorita no es esencial para los planes federales» y que «hay que dejar que la Federación sea quien comunique», el Ejecutivo Estatal abdica de las atribuciones que le otorga el marco legal. Bajo los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno del Estado está obligado a garantizar de forma activa los derechos humanos y la protección territorial de los pueblos y comunidades indígenas.
Como lo hemos expuesto formalmente desde el Observatorio Indígena Mesoamericano en el análisis “Tres fracturas en la narrativa petrolera presidencial”, los anuncios de prensa y los informes de comités asesores de la Presidencia no tienen valor jurídico vinculante. No modifican la Ley de Hidrocarburos, no alteran los planes estratégicos de Pemex ni cancelan los títulos de asignación expedidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que continúan vigentes en la región. Mudar el discurso no es abolir la norma: el marco legal extractivo permanece intacto.
Ante esta vulnerabilidad, ¿por qué el Gobernador no promueve decretos de ordenamiento territorial, blindajes ecológicos locales o iniciativas ante el Congreso del Estado para prohibir el uso de suelo y agua en actividades de fractura hidráulica? Limitarse a replicar el mensaje de la mañanera para pedirle a la población que «esté tranquila» no da certeza alguna; solo demuestra la intención de enfriar la indignación ciudadana y amortiguar el costo político del silencio estatal.
Finalmente, resulta inadmisible la ligereza con la que se minimiza la movilización indígena comunitaria. Al referirse a las comunidades indígenas y defensores ambientales como «un cierto sector de la población» y asegurar falsamente que «ya se dialogó con ellos», el Gobernador recurre a la invisibilización y a la simulación. No ha existido un diálogo formal con los actores en resistencia.
Sería importante que el gobernador se dignara a dialogar y reconocer a quienes realmente han impulsado la protección del agua, la tierra, el territorio y la vida, y se han opuesto determinantemente a ser sacrificados por los proyectos energéticos petroleros. Ojalá a sus asesores se les ilumine la neurona política y se pongan a trabajar para no exponerlo a la crítica.
La defensa del agua y la tierra en la Huasteca no se resuelve con informes o declaraciones; es necesario tener certezas jurídicas constitucionales y que estas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, acompañadas de acciones estatales concretas. Hasta que la prohibición del fracking no sea una realidad
