Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
En el debate sobre proyectos extractivos como la fracturación hidráulica (fracking), la discusión suele quedarse en los números económicos, los barriles de petróleo o los discursos sobre la “soberanía energética”. Sin embargo, existe una dimensión invisible, silenciosa y profunda que destruye vidas antes de que la primera máquina toque el suelo: el impacto psicosocial y político sobre las comunidades indígenas y campesinas. El rostro humano.
El problema central no es solo la amenaza ambiental, sino la simulación democrática y la traición de la palabra empeñada por quien se supone te iba a proteger.
El actual Gobierno federal pidió el voto a cambio de promesas de protección, cancelación de megaproyectos y, en particular, la prohibición de la fracturación hidráulica y la minería a cielo abierto. Sin embargo, pasadas las elecciones y haciéndose de la silla presidencial, la retórica cambia: la “soberanía nacional” y la “soberanía energética” se priorizan sobre la salud, la vida y el territorio. Esta dinámica atrapa a las comunidades y personas indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema en un dilema perverso, donde una parte de su subsistencia depende de programas sociales del mismo Gobierno que impone la amenaza y que ahora chantajea.
A pesar de que la Constitución y sus leyes reconocen formalmente a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, en la práctica cotidiana se les sigue tratando como sujetos de interés público: entes pasivos desprovistos de autonomía, cuyas vidas y territorios quedan a merced de lo que el Estado determine unilateralmente. El Gobierno, así como te da, te quita.
Esta agresión no ocurre por accidente; es el resultado de un modelo gubernamental que instrumentaliza la vulnerabilidad:
- La estructura gubernamental mantiene a las comunidades en la oscuridad técnica, sin acceso a medios independientes para verificar la información sobre los riesgos reales del despojo. Negar sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre e informada con pertinencia cultural, y emprender consultas solo cuando se busca legitimar una ley donde únicamente el Gobierno sale beneficiado, representa no solo una simulación, sino un atropello a los derechos comunitarios. Hipocresía y mala fe en su máxima expresión.
- En la mayoría de los recientes eventos en la Huasteca Potosina para defender la “soberanía”, el Gobierno federal utiliza los programas sociales para exigir lealtad política, silencio y resignación. Lo que sucedió en la comunidad de San José Pequetzen, Tancanhuitz, SLP. no fue un error; es un método de manipulación, coerción y coordinación entre el aparato público y un partido que prometió esperanza para México y que ahora repite los vicios del pasado.
- El Gobierno, que no ha cumplido su palabra, apela ahora al patriotismo y a la defensa contra presiones extranjeras para justificar el sacrificio de los pueblos originarios en el altar del “desarrollo”.
Las consecuencias de esta violencia psicosocial son devastadoras para el tejido humano:
En el plano individual: Genera ansiedad y estrés crónico, sensación de impotencia, culpabilidad, duelo ecológico y una constante incertidumbre sobre el futuro de los hijos.
En el plano social: Provoca la ruptura de la asamblea y del tejido comunitario, la polarización entre vecinos y familias, y la pérdida total de confianza en la palabra empeñada por el Gobierno.
El efecto más severo que busca imponer el Gobierno es dividir a la comunidad entre quienes aceptan la imposición por necesidad y quienes resisten por supervivencia, logrando que el conflicto se traslade al interior y no al exterior; por otra parte, busca entretener con consultas falsas relativas a sus derechos.
Frente a la agresión psicosocial y la imposición territorial, la respuesta indígena no se ha hecho esperar. En primer lugar, ya no se puede confiar en las instituciones que traicionan; solo se puede confiar en la asamblea y en la convivencia de la comunidad.
En el interior de cada hogar, hoy es motivo de conversación diferenciar que los programas sociales son derechos constitucionales pagados por el pueblo, no dádivas de un partido ni un cheque en blanco para entregar el agua, la tierra y, mucho menos, la vida.
La asamblea cobra mayor relevancia: no las asambleas que convoca e impone el INPI u otras instituciones, sino la asamblea comunitaria autónoma. Es ahí donde se define el destino de la comunidad, donde la información se transmite en lengua indígena y donde las decisiones se toman manteniendo el bien común y bajo los sistemas normativos internos (usos y costumbres).
Las comunidades indígenas entienden que el vecino cooptado por la necesidad es una víctima más, pero que hay que evitar la manipulación manteniendo la unidad, porque esta es el escudo contra la entrada de las empresas extractivas como Pemex.
Ante la amenaza, las comunidades indígenas se han cuerpeado: revalorizan la milpa, el intercambio local y las redes de solidaridad mutua para reducir la vulnerabilidad frente a las presiones del poder político. Mirar hacia adentro es entender que, antes de defender el territorio con el cuerpo, hay que defender la asamblea con la palabra, la familia con la verdad y la dignidad con la certeza de que la tierra no se vende, porque de ella depende la existencia misma.
Un tema central ha sido aclarar que el Gobierno miente y no dice la verdad. Por más que insistan en sus discursos los políticos oficialistas afirmando que solo la “mañanera” es la tribuna de la verdad, hoy se sabe que, desde esos micrófonos de palacio, la voz del Gobierno se basa en la mentira, la simulación y el despojo, tras haber prometido “no mentir, no robar y no traicionar”.
