Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
El reciente posicionamiento asumido por la Presidencia de la República frente al informe del Comité de Expertos sobre la fracturación hidráulica (fracking) incurre en un juego de ambigüedades.
Por un lado, da apertura de facto a la exploración de gas no convencional en las cuencas petroleras del norte mediante el uso de un supuestamente «sustentable» fracking —que no existe— basado en el empleo de agua salada profunda. Por el otro, promete que la cuenca Tampico-Misantla (que abarca Hidalgo, Veracruz y Puebla) no entraría en esta «oferta» hacia el sector energético. Del otro lado de la ventanilla quedan las comunidades rurales e indígenas, que continúan exigiendo una prohibición legal definitiva de la fracturación hidráulica en todo el territorio nacional.
En este escenario existen, al menos, tres fracturas evidentes:
La primera es la fractura de la palabra empeñada ante la sociedad mexicana. El 19 de diciembre de 2023, en la ciudad de Matehuala, S.L.P., la Dra. Claudia Sheinbaum se pronunció en campaña a favor de prohibir el fracking. Más aún, el documento de MORENA 100 Pasos para la Transformación, en su paso 87, establece textualmente: «No se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto… NO se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir de fracking». Sin embargo, la amnesia en el poder es recurrente cuando se trata de evitar cuestionamientos sobre la congruencia.
La segunda es la vulnerabilidad jurídica. Las recomendaciones del comité asesor operan únicamente como propuestas de directrices políticas sin soporte legal. Mientras la supuesta prohibición en la cuenca Tampico-Misantla no se traduzca en decretos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en acuerdos formalizados de la Secretaría de Energía (SENER) o en modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), no existe certeza jurídica real. Son solo promesas, nada tangible.
En tanto no exista un cambio explícito en la legislación y decretos formalizados, el rechazo al fracking se queda en el mero plano narrativo, mientras la estructura legal extractiva permanece completamente intacta. Más allá de la narrativa política, existe una seria incompatibilidad entre las declaraciones del Ejecutivo Federal y el marco institucional y corporativo vigente: la Ley de Hidrocarburos (derivada de la Reforma Energética) y el Plan Estratégico de PEMEX se diseñaron bajo la lógica de explotación masiva y maximización de recursos. Pemex Exploración y Producción (PEP) y diversos contratistas mantienen títulos de asignación contractuales vigentes en esta vasta región. El informe del comité asesor no cancela estos derechos sin un proceso formal de revocación o modificación de asignaciones por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Así que, hasta ahora, esto sigue siendo solo «atole con el dedo».
La tercera es la inviabilidad técnica y operativa. La exploración de las cuencas del norte bajo la condición de usar exclusivamente agua salada de formaciones profundas choca directamente con el vacío regulatorio de la ASEA y la CONAGUA. Además, obligar a instalar infraestructuras complejas para el tratamiento y reciclaje de salmuera dispara los costos operativos por pie cúbico, volviendo los proyectos financieramente inviables frente a los precios internacionales del gas. Todo esto mientras se mantiene la incertidumbre sobre el riesgo de contaminación de acuíferos y la disposición final de lodos tóxicos. Técnicamente, esto es una ilusión.
El informe de los expertos pretende desmovilizar la protesta social, calmar los ánimos y ganar tiempo para ir por etapas: hoy el norte, mañana Sabinas-Burro-Picachos y en un tercer momento Tampico-Misantla; pues la ruta de explorar y explotar gas y petróleo está tomada desde hace tiempo. Bajo la cubierta de un discurso soberanista ante la opinión pública, se pretende extraer la riqueza nacional para ponerla a disposición de la inversión privada con esquemas de inversión mixta y asociaciones estratégicas con el sector privado, bajo la rectoría de la Secretaría de Energía (SENER) y PEMEX, pues la empresa está enormemente endeudada y le es imposible enfrentar la elevada intensidad de capital requerida por la fracturación hidráulica. Esto, en otras palabras, es privatizar.
Frente a esta simulación narrativa, la respuesta social obviamente no será la pasividad: las comunidades indígenas y organizaciones civiles inevitablemente escalarán la movilización y diversificarán la resistencia social, manteniendo la alerta total para defender el agua y el territorio hasta prohibir de manera definitiva el fracking en México. El tiempo corre en contra de los capitales buitre y de una burocracia política que no se cansa de mentir.
