Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
La apertura del fracking en el noreste busca su legalización, mientras en la Huasteca (Tampico Mizantla) se le dice momentáneamente que no, pero con un cuchillo en el cuello.
La decisión presidencial no es una gota de esperanza, es una tormenta de decisiones que operan desde Washington.
Ante la pérdida de terreno en Eurasia, la revitalización de la Doctrina Monroe – Trump por parte de la política exterior estadounidense pone en el punto de mira al hemisferio americano. América Latina es contemplada por la potencia en declive como su prioridad geopolítica para asegurar recursos estratégicos (petróleo, gas, litio, cobre y agua dulce). Sin embargo, a diferencia del escenario de la posguerra de 1945, la existencia de alternativas financieras en Pekín o el bloque de los BRICS otorga a los países latinoamericanos un margen de maniobra inédito en el tablero internacional, en el marco de una arquitectura global que se reconfigura hacia la multipolaridad.
En este contexto, México y Brasil encabezan la agenda estratégica de Estados Unidos. La interconexión entre México y su vecino del norte constituye un continuo histórico, geográfico y económico que trasciende las fronteras formales. El sur estadounidense y el norte mexicano funcionan como un ecosistema territorial integrado estructuralmente: una macrorregión que opera como un solo motor manufacturero y logístico altamente dependiente del comercio transfronterizo.
La realidad biofísica ignora las divisiones políticas. La gestión compartida del río Bravo/Grande y del río Colorado plantea una interdependencia crítica en materia de seguridad hídrica, agravada por la escasez, el estrés hídrico regional y las tensiones por la extracción industrial y agrícola en ambos lados de la frontera. Bajo la presión de la competencia geopolítica global, esta franja transfronteriza se ha consolidado como una zona de amortiguamiento para asegurar insumos clave (agua, energía, minerales y mano de obra), situando a los estados del norte de México en una posición de alta vulnerabilidad frente a las políticas de seguridad y control hemisférico de Washington.
Esta integración asimétrica opera como un determinante estructural sobre las decisiones energéticas y extractivas en el norte de México, particularmente en el complejo de las cuencas de Burgos, Sabinas y Picachos-Tampico, las cuales constituyen la prolongación natural del megaproyecto de lutitas Eagle Ford en Texas. Al compartir la misma formación geológica de hidrocarburos no convencionales (shale gas), la lógica del mercado energético dicta que no explotar el lado mexicano equivale a dejar un «vacío» en una de las reservas de gas más grandes del continente.
La verdadera dinámica no radica en la búsqueda de una «soberanía energética» autárquica para México, sino en sostener una franja de interdependencia entre dos naciones que comparten modelos económicos extractivistas.
Aunque México importa más del 70% del gas natural que consume para generar electricidad y mover su industria —proveniente casi en su totalidad de Texas vía fracking a precios históricamente bajos—, dicho insumo circula a través de una infraestructura física que interconecta ambos lados de la frontera de forma indisoluble.
Este gas no se destina prioritariamente al consumo doméstico o al bienestar social, sino a la generación de energía eléctrica de bajo costo para la franja manufacturera e industrial de estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. México subsidia ambientalmente este proceso —asumiendo los impactos en la infraestructura y los bienes comunes— para alimentar la fabricación de automóviles, autopartes, electrónicos y maquinaria que regresan al mercado estadounidense, transfiriendo valor y energía a esa nación en un circuito de interdependencia estructural.
Bajo este enfoque, la narrativa oficial de que «Estados Unidos podría cerrar la llave del gas» funciona más como un «espantapájaros cognitivo» que como una amenaza real: un eventual corte del suministro paralizaría las cadenas de valor de las que dependen estados como Texas, California, Arizona, y Nuevo México, impactando directamente una región fronteriza que aporta más del 25% del Producto Interno Bruto estadounidense, equivalente a más de 7.9 billones de dólares de un PIB nacional que supera los 30.7 billones de dólares (según cifras recopiladas por el Bureau of Economic Analysis).-
Por lo tanto, la vulnerabilidad energética de México es relativa; sin embargo, en el discurso oficial se presenta como absoluta para justificar, bajo el concepto de «soberanía», la apertura a la fractura hidráulica. La premisa de fondo es mantener al norte de México articulado como el brazo manufacturero y energético del sur estadounidense, subordinando las decisiones territoriales y ambientales, para mantener un modelo de integración regional profundamente asimétrico.
El verdadero punto de colapso en este esquema es el recurso hídrico. La técnica del fracking exige millones de litros de agua por pozo mezclados con químicos, compitiendo directamente contra las cuencas sobreexplotadas del río Bravo, San Juan y Conchos. En regiones kársticas o de alta porosidad, la contaminación de acuíferos profundos y la inducción de sismicidad son costos socioambientales transferidos directamente a las poblaciones locales.
Al desarrollar el fracking, México no se rompe la dependencia; simplemente traslada el costo ambiental del subsuelo texano al subsuelo mexicano y a regiones como la Huasteca. El agua de las cuencas del norte y de la Huasteca se consumiría y contaminaría para alimentar la misma maquinaria industrial cuya producción está orientada al consumo del mercado norteamericano.
En conclusión, la disputa de fondo no es si el gas proviene de Texas o de Tamaulipas, sino el modelo de integración asimétrico que exige la entrega de bienes comunes (agua, aire y territorio) para sostener la competitividad manufacturera de Norteamérica. Frente a este imperativo extractivo, la única contención real a este avance no proviene de las cúpulas institucionales, sino de la resistencia territorial organizada: asambleas indígenas, consejeros comunitarios, contralorías del agua y cabildos municipales que hoy disputan la soberanía real y la defensa de la vida en el territorio.
